Se advierte, con suma preocupación, que empresarios presuntamente vinculados a Joaquín Ramírez estarían obteniendo beneficios económicos millonarios mediante el uso de documentación aparentemente falsa, lo cual configuraría graves ilícitos penales como falsificación de documentos, colusión y corrupción de funcionarios.
Resulta aún más alarmante el silencio prolongado de la OCI, entidad que, lejos de cumplir su función fiscalizadora, parece incurrir en una omisión funcional que podría interpretarse como encubrimiento o contubernio, comprometiendo seriamente su responsabilidad administrativa y eventualmente penal.
Por otro lado, la manifestación de desconocimiento por parte del Gerente de Infraestructura, Ing. Escalante, respecto de una denuncia de tal magnitud, evidencia una preocupante falta de control interno, negligencia en el ejercicio de sus funciones o, en el peor de los casos, una posible estrategia de evasión de responsabilidades.
Frente a estos hechos, corresponde exigir una investigación inmediata, independiente y exhaustiva, así como la adopción de medidas correctivas y sancionadoras que garanticen la transparencia en la gestión pública y la protección de los recursos del Estado.
