El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un controvertido plan orientado a reducir el hacinamiento crítico en los establecimientos penitenciarios. La propuesta contempla la liberación anticipada de internos que cumplen condenas por delitos menores, siempre que cumplan ciertos requisitos legales y de conducta. La medida ha generado un intenso debate en la opinión pública, ya que mientras algunos sectores la consideran una alternativa necesaria frente a la sobrepoblación carcelaria y las condiciones inhumanas en los penales, otros advierten posibles riesgos para la seguridad ciudadana y cuestionan la eficacia del sistema de reinserción social.
Asimismo, las autoridades han señalado que este plan irá acompañado de programas de seguimiento, asistencia psicológica y oportunidades laborales para los beneficiados, con el objetivo de facilitar su reintegración a la sociedad y evitar la reincidencia.
