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Desde una perspectiva jurídica, resulta pertinente y conforme a derecho la decisión adoptada por la Fiscalía Superior de reabrir la carpeta fiscal 2609 _ 2925 investigación Complejo del Fondo Social Michiquillay, archivada inicialmente pese a la existencia de elementos relevantes de convicción de delitos.
En el presente caso, el Fiscal Superior Alfredo Rebaza, actual presidente de la Junta de Fiscales, ha cuestionado de manera expresa el archivo de la investigación seguido contra Ernesto Cachay, William Huaripata Cortés y Edwin Salazar Ramos, asesor legal del fondo social michiquillay, los tres intervenidos y capturados en situación de flagrancia, respecto de quienes existirían indicios suficientes de la presunta comisión de los delitos de coacción y extorsión.
El archivo preliminar fue dispuesto por el fiscal Jaime Vásquez Ramírez; sin embargo, conforme al principio de legalidad y al deber de objetividad que rige la función fiscal, dicha decisión resulta cuestionable cuando concurren elementos probatorios iniciales que ameritan una investigación exhaustiva, más aún tratándose de delitos que afectan gravemente una inversión millonaria por la compañía minera sourthern Copper corporation.
La reapertura de la investigación, dispuesta por la Fiscalía Superior, se sustenta en la facultad de control jerárquico y en la obligación del Ministerio Público de garantizar una correcta persecución penal, evitando la impunidad y asegurando que los hechos denunciados sean debidamente esclarecidos.
En ese sentido, la medida adoptada no solo se ajusta al marco legal vigente, sino que fortalece la confianza ciudadana en el sistema de justicia, reafirmando que las decisiones fiscales deben estar debidamente motivadas y sustentadas en una valoración razonable de los hechos y las pruebas
