FISCALÍA Y POLICÍA AMBIENTAL ESTARÍAN HACIENDO SU AGOSTO ANTE SUS SILENCIOS LA MINERÍA ILEGAL AVANZA EN SUS NARICES.
COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN BERNARDINO FIRMA POLÉMICO CONTRATO MINERO POR 5 AÑOS:
COMUNEROS DENUNCIAN FALTA DE CONSULTA Y RIESGOS AMBIENTALES Cajamarca:
Documentos revelan que la comunidad San Bernardino y San Antonio de Cachis cedió derechos de superficie, servidumbre y usufructo a la empresa Grupo La Carmina S.A.C. por un pago anual que inicia en S/ 20,000.
Preocupación por cláusulas ambientales y falta de inventario de bienes. La Comunidad Campesina San Bernardino y San Antonio de Cachis, ubicada en la provincia de San Pablo, vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la firma de un contrato de usufructo minero que ha generado profunda preocupación entre sus comuneros.
Documentos a los que accedió el equipo de El Capo de la Noticia revelan que la junta directiva, encabezada por el presidente recientemente reelegido Eleazar Gálvez, cedió extensas áreas de territorio comunal a una empresa minera privada por un periodo de cinco años, en medio de cuestionamientos por falta de transparencia y presunta ausencia de consulta real a la población comunera.
Contrato millonario para la empresa, beneficio mínimo para la comunidad Según el contrato aprobado en asamblea el 4 de abril de 2025, la comunidad otorgó a la empresa Grupo La Carmina S.A.C. derechos de usufructo, superficie y servidumbre sobre 2,489.44 hectáreas de tierras comunales, dentro de la concesión minera “La Carmina”, código N.° 06003520.
El acuerdo tiene vigencia desde el 28 de noviembre de 2024 hasta el 28 de noviembre de 2030 y autoriza actividades de exploración minera. A cambio, la empresa pagará S/ 20,000 por el primer año y S/ 30,000 anuales a partir del segundo año, montos que muchos comuneros consideran irrisorios frente al tamaño del territorio comprometido y los posibles impactos sociales y ambientales.
El análisis del contrato revela aspectos sensibles que han encendido las alertas: No se realizó un inventario de bienes existentes en el área entregada, pese a que el Artículo 1000 del Código Civil establece este requisito en contratos de usufructo. La empresa asume responsabilidad ambiental, pero no está obligada a devolver el terreno a su estado original, salvo en casos de mejoras consideradas “necesarias”.
La comunidad se compromete a no interferir ni perturbar las actividades mineras, incluso permitiendo el libre tránsito de maquinaria pesada y la construcción de carreteras. No se detalla un procedimiento claro de remediación ambiental en caso de que la empresa decida retirarse del proyecto.
Comuneros denuncian exclusión y “traición” Aunque el acta señala que el contrato fue “analizado” en asamblea, comuneros consultados de manera extraoficial afirman que no existió una información clara ni un debate amplio, y que muchos se enteraron del acuerdo cuando ya estaba firmado. “Nos han dado la espalda.
Otra vez, después de la reelección, se firma un contrato sin que la mayoría sepamos los verdaderos alcances. La tierra quedará afectada y el beneficio es mínimo”, señaló un comunero que pidió mantener su identidad en reserva. Las críticas se intensifican debido a que esta no sería la primera vez que se cuestionan decisiones similares durante la gestión del actual presidente comunal.
¿Quién fiscaliza estos acuerdos? El contrato establece que cualquier controversia será resuelta mediante conciliación en la ciudad de Cajamarca, mientras que organizaciones civiles y ambientales ya han mostrado interés en revisar la legalidad y legitimidad del acuerdo, especialmente por tratarse de territorios comunales protegidos por normativa especial.
¿Se respetó realmente el derecho de los comuneros a decidir sobre su territorio o estamos ante una nueva entrega silenciosa de tierras comunales a la minería? El Capo de la Noticia continuará investigando este caso de alto interés público.
