¿QUIÉN DIO LA ORDEN, JOAQUÍN RAMÍREZ, ALBERT CABANILLAS O MONTENEGRO?
Cajamarca.- La actual gestión municipal ha perdido toda noción de respeto institucional y decencia política, actuando con soberbia, prepotencia y abuso de poder, creyéndose intocable, por encima de la ley y dueña absoluta de la verdad, pese a los graves cuestionamientos por su incapacidad manifiesta para ejecutar obras reales y de verdadero impacto social.
En un acto ruin, vergonzoso y moralmente repugnante, desde la cuenta oficial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca se ha desatado una guerra sucia despiadada, vil y cobarde contra el periodista Luis Mego, cuyo único “delito” ha sido fiscalizar, cuestionar técnicamente y exponer el expediente del bypass, donde existirían serios indicios de supuesto plagio, irregularidades técnicas y presunto direccionamiento.
Este ataque miserable y delincuencial no solo constituye una bajeza institucional sin precedentes, sino una violación frontal, descarada y criminal del derecho constitucional a la libertad de expresión y de prensa, configurando responsabilidades penales, administrativas y civiles directas para los autores materiales e intelectuales de esta ofensiva. La orden del ataque habría partido según versiones internas del alcalde Joaquín Ramírez, del funcionario Albert Cabanillas o del denominado Montenegro.
Sea quien sea el responsable, deberá enfrentar a la justicia, pues ha colocado deliberadamente a la municipalidad en un escenario de altísimo riesgo legal, utilizando recursos públicos y plataformas oficiales para intimidar, hostigar, perseguir y desacreditar a un periodista incómodo para el poder. De manera paralela, ha trascendido que Cemento Pacasmayo estaría evaluando acciones legales contra periodistas y comunicadores por informar sobre presuntas irregularidades en el proyecto del bypass, lo que enciende todas las alarmas y evidencia un peligroso patrón de presión y amedrentamiento para silenciar a la prensa libre en Cajamarca.
Que no quede ninguna duda: Las entidades del Estado no son mafias digitales, no son bandas de matones, no son sicarios mediáticos, ni instrumentos de persecución política. Su función es servir al pueblo, rendir cuentas y someterse a la fiscalización, no aplastar la crítica ni perseguir a quienes denuncian corrupción. Lo ocurrido marca un precedente gravísimo y altamente peligroso para la democracia local, donde la crítica se pretende castigar, la fiscalización se busca exterminar y la verdad se intenta sepultar mediante la intimidación, empujando a Cajamarca hacia un retroceso autoritario inadmisible.
