En medio del debate sobre la idoneidad de los funcionarios públicos, estalla una nueva polémica que salpica al despacho de la congresista Edhit Julón, tras conocerse la contratación de la abogada Fany Cruz Ruiz, sancionada por negligencia profesional luego de ausentarse injustificadamente de una audiencia judicial, perjudicando a su patrocinado.
Pese a esta sanción, Cruz Ruiz fue incorporada como coordinadora del despacho congresal de Julón, desatando cuestionamientos sobre los criterios éticos y de selección dentro del Parlamento. Lo más escandaloso es que, en lugar de cumplir funciones de coordinación institucional, la abogada estaría realizando actividades proselitistas en Cajamarca, promoviendo abiertamente la imagen de la congresista en lo que parece ser una campaña anticipada de reelección.
Esto deja en evidencia cómo el Congreso estaría destinando recursos públicos para fines políticos y no para labores de representación o fiscalización, como exige la ley. Cabe recordar que tanto Julón como Fany Cruz militan en el cuestionado partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, lo que refuerza las sospechas de favores políticos dentro del entorno de poder.
Hasta el momento, la congresista Julón guarda silencio, mientras el caso vuelve a encender el debate sobre la urgencia de mayor control y transparencia en las contrataciones del Estado.
